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«Hay mucha gente que ha perdido sus fuentes de ingresos», explica el concejal de Economía, Javier Cuesta, cuyo departamento financiará una nueva línea de ayudas de emergencia social para familias afectadas por el cierre de sus negocios o el cese de actividad debido a las medidas de confinamiento aplicadas por el Real Decreto del estado de alarma. «Son necesidades nuevas a las que tenemos que llegar», expone Cuesta, que pone como ejemplo a «los vendedores de El Fontán, 70 u 80 familias que han perdido de golpe sus ingresos» con el cierre de la actividad de los puestos del mercado exterior, que, en muchos casos, añade el edil, «sostienen a familias muy numerosas».

La nueva línea de ayudas, que se gestionará desde el área de Servicios Sociales, se financiará con cargo al remanente de tesorería de 2019, que batió un nuevo récord para sumar más de 74 millones de euros. «El decreto (del Gobierno) del miércoles nos permite a los ayuntamientos destinar el superávit a gastos asociados a las políticas sociales y en eso estamos».

La confirmación llega un día después de que Somos Oviedo solicitase al equipo de gobierno que se destinasen cinco millones del remanente a gasto social para paliar los efectos dela crisis del coronavirus «en este momento de extrema dificultad» en el que el Gobierno central pretende utilizar los superávit para inversión social, «sería algo imperdonable disponer de ese dinero y no ponerlo al servicio de los vecinos y vecinas de Oviedo», proponía el concejal Rubén Rosón.

Del mismo fondo
Del mismo fondo irán saliendo los recursos para atender unas necesidades que se multiplican cada día que la economía sigue paralizada por el virus. Cuesta enumera algunas: «Limpiar, desinfectar y atender el albergue para los sin techo, nuevos gastos en Ayuda a Domicilio o los cheques para las familias beneficiarias de una beca de comedor escolar». «Iremos tirando de las partidas disponibles y suplementando, después, con el remanente de tesorería», expone Cuesta.

Es el saco del que van a tirar todos los ayuntamientos del país, después de años pidiendo a los sucesivos gobiernos poner fin a las restricciones al gasto de las corporaciones locales, a las llamadas 'leyes Montoro'. Eso sí, el decreto del Gobierno solo permite gastar el superávit en la cuenta 23, la de servicios sociales. Nada hay previsto aún para los otros agujeros que la crisis sanitaria está abriendo en las cuentas municipales con mayores gastos y menos ingreso por tasas o impuestos ligados a la actividad económica o por servicios como el del autobús o la zona azul, ahora forzosamente gratuitos. El plan económico financiero en el que está atrapado el Ayuntamiento para este año puede darse por amortizado.

Fuente: El Comercio